Inconstitucional

Recuerdo que dos días antes de cumplir la mayoría de edad, la mayoría de la ciudadanía en Cataluña refrendó el nuevo Estatut d'Autonomia. Entonces no había pisado la universidad en mi vida. Ahora, a las puertas de terminar de verdad, por fin ha habido sentencia del Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Partido Popular.

Es inevitable recordar que el Estatut fue, ya desde sus inicios, el auténtico acicate de la caverna española contra Cataluña y sus ciudadanos. Que desde el comienzo sufrió todo tipo de recortes y rebajas en su contenido hasta llegar a la actualidad, donde una descafeínada versión del nuevo Estatut aparece avalada por el TC pero carente de la esencia y el orgullo que aún amputado, conseguía reunir en sí y por sí mismo. Es verdad que son 14 artículos de entre más de 100 los que se han declarado nulos en cualquier caso, pero no se trata de un asunto banal reducido al álgebra (aquí dejo el enlace de La Vanguardia: http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20100628/53954711269/los-articulos-declarados-nulos-uno-a-uno-generalitat-poder-judicial-tribunal-superior-ley-organica-e.html)

Es una debilidad democrática que el TC, pese a garantir teóricamente por encima de cualquier órgano la constitucionalidad del ordenamiento jurídico español en su conjunto, elimine, aunque sea parcialmente, la voluntad soberana de la mayoría de toda una población como la catalana, que mediante el ejercicio de su libertad y derecho a voto en referéndum ratificó la voluntad y el deseo de un nuevo marco político y jurídico. Cierto es que no sería democrático rechazar la decisión del TC, pero la cuestión de fondo es si sus acciones llevadas a cabo todo este tiempo hasta la sentencia del pasado lunes son precisamente muy democráticas. Nunca un Tribunal estuvo tan salpicado de polémicas y contradicciones, hasta el punto de que realmente no es totalmente legítimo, y por tanto podemos negarnos a aceptar su decisión como pura objección ética, de conciencia. El TC debería haber sido renovado ya hace tiempo, y por supuesto como garante de la sacra Constitución de 1978 no debería ser un instrumento politizado ni al servicio de progresistas ni conservadores. En este caso el TC ha actuado como un aliado de la política territorial del Partido Popular, se ha instrumentalizado con unos fines muy claros y se ha mediatizado desde todas partes de España con el fantasma de la secesión y del separatismo de fondo.

¿Se debe aplicar un Estatut a la medida de la voluntad de los ciudadanos que lo ratificaron o a la medida del TC/CE? ¿Diríamos entonces que la voluntad de los ciudadanos en su mayoría es inconstitucional?

Nunca el Estatut fue ni ha sido sinónimo de independencia. Lo que pretende ser y lo que deseamos la mayoría de ciudadanos demócratas en Cataluña es un mayor autogobierno, digno y a la altura de la historia de una nación con una identidad y símbolos propios que son muy distintos de los vecinos autonómicos de las Españas. Porque aunque no tenga validez jurídica vinculante la definición de Cataluña como nación no se puede negar que lo es. Y en tanto que nación debe tener aspiraciones de autogobierno en el marco constitucional apropiado que respete ése carácter especial, propio y distintivo de todo el pueblo catalán. Por ello, en la raíz de todo subyace que la propia Constitución es muy inconstitucional y está desnaturalizada, al margen de la realidad del territorio sobre el que se aplica. La voluntad y la idiosincracia de Cataluña es incompatible con el marco constitucional pero ello no implica que Cataluña deba renunciar a sus aspiraciones de autogobierno y a una mayor descentralización a través del ejercicio de mayores competencias y de un federalismo fiscal.

Porque el debate entre línias es el modelo de estado para España que se quiere, independientemente de lo que un TC caduco vaya sentenciando a voluntad de unos intereses bien determinados. Si aceptamos un marco plural de convivencia y democracia, entonces debemos respetar la voluntad de cada pueblo con su historia, sus costumbres, leyes y gobierno. Si existe miedo a una federalización del estado español y se obliga a estar sometidos en un régimen españolista y centralista, entonces comprendería aunque por el momento no compartiría un radicalismo en las aspiraciones del votante mediano catalán, que giraría más hacia los deseos de independencia como última válvula de escape posible en un paisaje lastrado por la idea inquebrantable de España como única nación.

España es una nación de naciones y tal afirmación no me resulta gratuita ni pretende ofender a nadie. Y como tal, si atendemos al caso de Cataluña es lógico, coherente y natural desear un mayor autogobierno y plenas competencias en materia de justicia, lingüística, fiscal, capacidad de negociar de forma bilateral con el estado central, etc. No puedo compartir la sentencia del TC y pese a que como era menor de edad ni tan siquiera pude refrendar el Estatut, lo hago ahora mismo, siendo consciente de lo que me siento, lo que soy y lo que aspiro como ciudadano. Más allá de -ismos, se trata de hacer justicia con una nación a la que se le impiden desarrollar democráticamente mayores aspiraciones de autogobierno, objetivo que no supondría en ningún caso la eliminación de España como tal. Cataluña no encaja en el rompecabezas de la España constitucional porque la CE de 1978 y el TC que tanto la avala son por naturaleza, incompatibles con la realidad de sus territorios soberanos.